JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 10
VALENCIA
AV. DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º-3º
JUICIO ORDINARIO NÚMERO 692/2012
SENTENCIA nº. 36/2013
En Valencia, a dieciocho de febrero de 2013.
Vistos por D. Juan Carlos Artero Mora, Magistrado titular del
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia, los presentes
autos de juicio ordinario, seguidos en este Juzgado con el número
692/2012, promovidos por D. Àlvar Aleixandre Ortí, representado
por el Procurador D. Fernando Modesto Alapont y defendido por el
Letrado D. José Aleixandre Ortí, contra D. Joan Carles Andrés Raga,
representado por la Procuradora Dª. Sandra Martínez Izquierdo y
defendido por el Letrado D. José Luis Tort López, con intervención
del Ministerio Fiscal, sobre protección del derecho al honor.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-Por la indicada representación de D. Àlvar
Aleixandre Ortíse formuló demanda de juicio ordinario que por turno
de reparto correspondió a este Juzgado contra D. Joan Carles Andrés
Raga, demanda en la que, después de invocar los hechos y fundamentos
jurídicos que estimó de aplicación, terminaba interesando se
dictara sentencia estimatoria con los siguientes
pronunciamientos:
1.- Declarar que D. Joan Carles Andres Raga ha incurrido en
intromisión ilegítima en el derecho al honor y prestigio
profesional del demandante.
2.- Condenar al demandado a que retire de su blog en Internet
el texto objeto de este juicio.
3.- Condenar al demandado a publicar en su blog de Internet
el texto íntegro de la sentencia, con los mismos caracteres
tipográficos y la misma permanencia en el tiempo que el texto objeto
de litigio.
4.- Condenar al demandado a que indemnice al demandante en la
cantidad de seis mil euros (6.000 euros).
5.- Condenar en costas al demandado.
SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la
misma al demandado para que compareciera y contestara,
verificándolo en su nombre la Procuradora Dª. Sandra Martínez
Izquierdo, quien se opuso a la demanda y solicitó la desestimación
de la misma, con condena en costas de la actora. Igualmente se dio
traslado al Ministerio Fiscal, quien contestó solicitando se
dictase sentencia con arreglo al resultado de las pruebas
practicadas.
TERCERO.-Convocadas las partes a la preceptiva audiencia
previa el día 29-10-12, la actora se ratificó en su demanda y aportó
un segundo escrito publicado por el demandado en fecha posterior,
siendo admitido como hecho nuevo y confiriendo al demandado y al
Ministerio Fiscal un nuevo plazo de veinte días para contestar en
relación al mismo, lo que hicieron en el mismo sentido que en sus
escritos de contestación anteriores. En la audiencia previa
celebrada el 18-12-12 las partes comparecientes se ratificaron en
sus respectivos escritos de demanda y contestación. Fijados los
hechos controvertidos, cada una de las partes propuso los medios
de prueba que estimó oportunos, siendo admitidos los que se
consideraron pertinentes y útiles –documental, interrogatorio de
demandante y demandado y testifical de Dª. Anna Maria Miquel Lasso
de la Vega y D. Francesc de Paula Ferre Domínguez-, y acto seguido
se señaló día y hora para la celebración del juicio.
CUARTO.-En fecha 12-2-13 se celebró el acto del juicio, en el
curso del cual se practicaron las pruebas propuestas y admitidas
–excepto el interrogatorio del demandado, al cual renunció la parte
actora-, con lo que, una vez evacuado por las partes el trámite
de alegaciones finales, quedaron los autos conclusos para
resolver.
QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han
observado todas las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Ejercita el demandante Sr. Aleixandre Ortí acción
de protección de su derecho al honor, al amparo de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
inicialmente en relación con el escrito fechado el 7 de marzo de
2012 y publicado por el demandado en su página de internet
“http//bloc-elsverds-aldaia.blogspot.com.es”, y mediante
ampliación de hechos realizada en el acto de la audiencia previa,
con respecto a un segundo escrito del demandado y publicado en igual
medio. Alega el Sr. Aleixandre que es funcionario del Ayuntamiento
de Aldaia desde el 16 de marzo de 1984 y en la actualidad ocupa
el puesto de oficial mayor según nombramiento provisional, siendo
el demandado Sr. Andrés concejal del mismo Ayuntamiento por el
grupo político Bloc-Elsverds d’Aldaia, y entiende que ambos
escritos suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor
y prestigio profesional, pues contienen una serie de
descalificaciones genéricas, no basadas en actuaciones concretas,
que suponen imputación de faltas graves y empleo de expresiones
injuriosas sin contenido informativo alguno y sin derivar de
ninguna controversia o contienda previa entre las partes.
El demandado se opone a la pretensión entablada aduciendo que
a través de estos artículos no ha hecho sino expresar una crítica
política motivada por las circunstancias antecedentes del
nombramiento de un oficial mayor que viene acumulando cada vez más
poder en el Ayuntamiento, y añade que su contenido no puede sacarse
del contexto político en el que se producen, además de que en el
texto se salvaguarda intencionadamente la identidad del
demandante, que resulta identificado únicamente a través de sus
iniciales.
El Ministerio Fiscal considera que en este caso debe
prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho al honor del
demandante, puesto que los escritos se encuadran en un contexto
de contienda política municipal, versan sobre una información de
relevancia pública e interés general, no suponen ataques
reiterados al demandante y, a pesar de su tono, no exceden del
ámbito de la crítica admisible en dicho contexto ni contienen
descalificaciones injuriosas.
SEGUNDO.- Planteado el litigio en estos términos, para
determinar si en el presente caso se ha producido una intromisión
ilegítima en el derecho al honor del demandante –la cual sería
incardinable en el número 7 del artículo 7 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, que
considera como tal “La imputación de hechos o la manifestación de
juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier
modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama
o atentando contra su propia estimación”-, se hace preciso
considerar la reiterada doctrina jurisprudencial relativa a la
confrontación entre el derecho al honor y las libertades de
expresión e información, reconocidos todos ellos con el rango de
derechos fundamentales en los artículos 18 y 20, respectivamente,
de la Constitución Española.
Ante todo, en cuanto a la respectiva posición de tales
derechos, la sentencia del Tribunal Constitucional 42/1995, de 13
de febrero, indica que “la confrontación de los derechos entre la
libre comunicación de información y la libertad de expresión, por
una parte, y el derecho al honor, debe llevarse a cabo teniendo
en cuenta la posición prevalente, que no jerárquica, que respecto
de los derechos denominados de la personalidad del art. 18 CE
ostentan los derechos a la libertad de expresión e información del
art. 20.1 de la CE, en razón de su doble carácter de libertad
individual y garantía de una opinión pública indisolublemente
unida al pluralismo político dentro de un Estado democrático”,
añadiendo que “Cuando del ejercicio de la libertad de expresión
e información resulta afectado el derecho al honor, el órgano
judicial está obligado a realizar un juicio ponderativo de las
circunstancias del caso concreto, con el fin de determinar si la
conducta del agente pudiera estar justificada por hallarse dentro
del ámbito de las libertades de expresión e información, de suerte
que si falta tal ponderación o resulta manifiestamente carente de
fundamento, se ha de entender lesionadas aquellas libertades (SSTC
104/1986, 107/1988, 51/1989, 201/1990, 214/1991 y 123/1992 y AATC
480/1986, 76/1987 y 350/1989)”.
Los criterios conforme a los cuales debe realizarse ese juicio
ponderativo son reiterados en la reciente jurisprudencia del
Tribunal Supremo, de la que cabe citar como exponentes sus
sentencias de 17 de mayo, 24 de julio y 4 de diciembre de 2012:
“El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se
encuentra limitado por las libertades de expresión e información.
La limitación del derecho al honor por las libertades de
expresión e información tiene lugar cuando se produce un conflicto
entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas
de ponderación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso
(SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC núm. 841/2005, 19 de septiembre
de 2008, RC núm. 2582/2002, 5 de febrero de 2009, RC núm. 129/2005,
19 de febrero de 2009, RC núm. 2625/2003, 6 de julio de 2009, RC
núm. 906/2006, 4 de junio de 2009, RC núm. 2145/2005, 25 de octubre
de 2010, RC núm. 88/2008, 15 de noviembre de 2010, RC núm. 194/2008
y 22 de noviembre de 2010, RC núm. 1009/2008).
La técnica de ponderación exige valorar, en primer término,
el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que
entran en colisión. Desde este punto de vista, la ponderación (i)
debe respetar la posición prevalente que ostentan los derechos a
la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor
por resultar esencial como garantía para la formación de una
opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político
que exige el principio democrático (STS 11 de marzo de 2009, RC
núm. 1457/2006). La protección constitucional de las libertades
de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la
libertad es ejercitada por los profesionales de la información a
través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión
pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (SSTC
105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4). Este
criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el
artículo 11 CDFUE, el cual, al reconocer los derechos a la libertad
de expresión y a recibir y comunicar información, hace una
referencia específica al respeto a la libertad de los medios de
comunicación y su pluralismo; (ii) debe tener en cuenta que la
libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la
crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda
molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige
(SSTC 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 49/2001, de 26 de febrero, F.
4; y 204/2001, de 15 de octubre, F. 4), pues así lo requieren el
pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales
no existe «sociedad democrática» (SSTEDH de 23 de abril de 1992,
Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo
c. España, § 43).
La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término,
el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que
entran en colisión.
Desde esta perspectiva, (i) por una parte, la ponderación debe
tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia
pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan
un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección
pública; por otra parte, según la jurisprudencia que antes se ha
citado, tratándose del prestigio profesional debe examinarse si
el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda
apreciarse una trasgresión del derecho; (ii) la libertad de
información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos,
cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en
descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el
derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de
la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de
expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe
entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del
informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas
profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun
cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda ser
desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007, 29/2009, de
26 de enero, FJ 5). El requisito de la veracidad no empece que la
total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra
en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo
informado (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 105/1990, de 6 de junio,
171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre,
40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992,
de 21 de diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de
mayo, 320/1994, de 28 de noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996,
de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 3/1997, de 13 de enero,
144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de
25 de octubre, 53/2006, de 27 de febrero, FJ 6); (iii) la protección
del derecho al honor debe prevalecer frente a la libertad de
expresión cuando se emplean frases y expresiones ultrajantes u
ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan,
y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo
20.1 a) CE EDL art.20.1 art.20.a no reconoce un pretendido derecho
al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con ella (SSTC
204/1997, de 25 de noviembre, F. 2; 134/1999, de 15 de julio, F.
3; 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 11/2000, de 17 de enero, F. 7;
110/2000, de 5 de mayo, F. 8; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7;
49/2001, de 26 de febrero, F. 5; y 148/2001, de 15 de octubre, F.
4, SSTC 127/2004, de 19 de julio, 198/2004, de 15 de noviembre,
y 39/2005, de 28 de febrero).
En relación con ese último punto, de acuerdo con una concepción
pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la
jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión
cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al
ser puestas en relación con la información que se pretende
comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar
la crítica experimentan una disminución de su significación
ofensiva y sugieren un aumento del grado de tolerancia exigible,
aunque puedan no ser plenamente justificables (el artículo 2.1 LPDH
se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección
civil del honor)”.
Además, para resolver el presente supuesto, dado el contexto
político municipal en el que se vierten los escritos -al que más
adelante se aludirá-, conviene tener en cuenta lo declarado al
respecto por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre
de 2012:
“La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la
prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de
honor en contextos de contienda política, y así lo viene
reconociendo esta Sala, entre otras, en las SSTS de 19 de febrero
de 1992, 26 de febrero de 1992 y 29 de diciembre de 1995 (campaña
electoral); 20 de octubre de 1999 (clímax propio de campaña
política entre rivales); 12 de febrero de 2003 (mitin electoral;
se consideró la expresión «extorsión» como mero exceso verbal);
27 de febrero de 2003, 6 de junio de 2003, 8 de julio de 2004 (las
tres sobre polémica política).
Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al
ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia
viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o
conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así,
las SSTS de 9 de septiembre de 1997 (que se refiere a expresiones
de cierta agresividad permisibles en el contexto de la estrategia
o dialéctica sindical); 13 de noviembre de 2002 (situaciones de
tensión y conflicto laboral); 19 de julio de 2006 (sobre falsa
imputación a otro sindicato de haber solicitado el voto para un
partido político, entonces legal, que suscita un fuerte rechazo
social por atribuírsele sintonía con una banda terrorista), 7 de
julio de 2004 (a propósito de una rivalidad entre peñas
deportivas), 23 de febrero de 2006, RC núm. 3718/2001 (a propósito
de un comunicado en que se imputaba a un medio de comunicación haber
exigido un canon periódico por mejorar la información de un
Ayuntamiento, 2 de junio de 2009, RC num. 1532/2005, sobre un caso
similar).
Por tanto, cuando las expresiones son formalmente
denigratorias, hay que examinar el contexto en el que se producen
pues la polémica suscitada, el sentido del discurso y su finalidad,
pueden justificar dichas expresiones como ejercicio legítimo de
la libertad de expresión en su vertiente del derecho a la réplica
SSTC 49/2001, de 26 de febrero; 204/2001 de 15 de octubre)”.
Partiendo de estas premisas hay que comenzar señalando que,
tal como la parte demandada alega y acredita documentalmente, la
publicación de los artículos no puede ser valorada aisladamente
o como fruto de la relación personal entre los aquí litigantes,
sino que se produce en un determinado contexto de política y gestión
municipal. El primero de los artículos se publica el mismo día en
que el actor Sr. Aleixandre es nombrado provisionalmente como
Oficial Mayor del Ayuntamiento de Aldaia (documento número 1 de
la contestación a la demanda), y el segundo dos meses más tarde,
en relación con la actuación desempeñada en el ejercicio de dicho
cargo. El referido nombramiento había venido precedido de cierta
controversia, como se justifica a través de los dos informes
desfavorables de la Secretaria General del Ayuntamiento de Aldaia
(documentos 4 y 5 de la contestación), Dª. Anna Maria Miquel Lasso
de la Vega, quien ha declarado como testigo en juicio confirmando
que apreciaba ciertas irregularidades o al menos puntos de
discrepancia por su parte con la conveniencia de la decisión, así
como mediante el escrito de alegaciones en contra presentado el
9 de noviembre de 2011 por tres concejales del Ayuntamiento –entre
ellos el demandado- (documento 6) y las alegaciones también
efectuadas por el Colegio de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local (documento 7). Incluso la
cuestión dio lugar a la publicación de una noticia en el diario
Levante del día 10 de noviembre de 2011 (documento 8). Todo ello
indica que las publicaciones se llevan a cabo con determinados
antecedentes que atañen al demandante y a su posición en el
Ayuntamiento de Aldaia.
Un segundo elemento a tener en cuenta es el medio en el que
se difunden los escritos, un “blog”o página de opinión de internet
gestionado por el grupo político al que pertenece el demandado
–como refleja directamente su denominación
“bloc-elsverds-aldaia”-, que consiguientemente tiene por objeto
la difusión de opiniones de carácter político en ese ámbito
municipal, como confirma en su declaración testifical D. Francesc
de Paula Ferre Domínguez, perteneciente al mismo partido político
que el demandado, de lo cual se sigue que los usuarios de este sitio
se dirigen al mismo con un evidente propósito de intercambio de
opinión en el indicado contexto político municipal y desde la
perspectiva del grupo político en cuestión.
Los anteriores datos revelan pues que nos encontramos con una
cuestión que tiene una cierta relevancia o interés general, dentro
del ámbito o contexto ya referido.
Desde esta óptica debemos ya analizar las expresiones
utilizadas y el contenido vertido en las dos cartas o artículos,
pudiendo realizar las siguientes consideraciones:
El primero de los artículos lleva por título “Ja sabem qui mana
a Aldaia”y comienza refiriéndose a la creación de dos plazas de
funcionarios en el Ayuntamiento –Oficial Mayor y Viceinterventor-,
creación que atribuye al empecinamiento del equipo de gobierno
municipal en contra de los informes contrarios de la Secretaría
y que el autor considera una decisión innecesaria y económicamente
gravosa. Además, estima que esa actuación del grupo popular en
Aldaia supone un desprestigio para el Ayuntamiento de la localidad.
A continuación se refiere al beneficiario del nombramiento del
cargo de Oficial Mayor –el demandante, a quien identifica con sus
iniciales –A.A.O.-, aunque añade la expresión –“o no”-, y le
atribuye la asunción de unas funciones de mando impropias de su
puesto –“la persona que fa i desfà davant la mirada estupefacta
de regidors que no saben de la missa la meitat, de càndids que es
deixen innocentment ensarronar o de polítics benintencionats” “…
que el futur Oficial Major ordenarà i manarà –de fet, ja ho famés
que l’alcaldesa”, y le juzga con insuficiente aptitud para el
ejercicio de tales funciones –“i sense que ell haja demostrat estar
capacitat per a exercir un càrrec que li ve massa gran, per
inexperiencia i per partidisme”-. Finalmente, apela a los
responsables del partido popular para que reconsideren su actitud,
mantiene su confianza en que tales conductas se verán corregidas
por el tiempo y la justicia y concluye con el siguiente párrafo:
“En fi, una plaça com la nostra –i perdoneu-me el símil- es mereix
una primera figura, no el bombero-torero. Que, per a xarlotades,
qué volen que els diga, ja tenim els plens”.
El segundo artículo se titula “El desembarcament definitiu”,
y supone una prolongación de las críticas vertidas en el anterior
sobre el nombramiento del demandante –a quien se refiere como
“aquest funcionari gris”y “aquest element”- y a la acumulación de
poder por su parte, con afirmaciones tales como –“les peces
d’aquest joc brut polític … han estat menejades, com sempre, és
a dir, maldestrament i interessada, en perjudici, una vegada més,
del poble d’Aldaia”- o –“De funcionari denostat al seu periple per
diferents administracions … ara passa a ser el rei del mambo:
Oficial Major, Tresorer i responsable d’Urbanisme (!) … només li
faltava envoltar-se de lleials col·laboradors perperpetrar el seu
somni d’alcalde en l’ombra o de Fallera Major”. En los siguientes
párrafos se refiere a los cambios operados en personal del
Ayuntamiento como parte de lo que considera estrategia del hoy
demandante, expresa sus dudas sobre la compatibilidad entre los
cargos que desempeña, y termina reclamando del equipo de gobierno
una rectificación de su actitud: “quan penseu defenestrar al
calamar al·ludit, que vos està deixant la casa feta un nyap? Si
hi queda trellat, restaureu la normalitat i, tots a l’una, a
treballar pel poble. La resta són bufes de pato”.
De la síntesis realizada resulta que ambos artículos guardan
una clara continuidad en su doble objeto de crítica: tanto a los
responsables políticos de la decisión de nombrar al demandante como
a la figura del mismo en lo que se considera por el demandado una
acumulación de poder y una influencia en la gestión del
Ayuntamiento impropia de su cargo y su competencia. Por tanto, las
expresiones vertidas se encuadran siempre en el antes mencionado
contexto de crítica política en el ámbito municipal –ámbito propio,
por lo demás, del medio de difusión empleado por el demandado y
de su condición de concejal en este Ayuntamiento-. Además, el
demandado alude de forma reiterada a lo que –desde su punto de
vista- considera una práctica perjudicial para los intereses
generales de la corporación y del pueblo de Aldaia.
Las circunstancias aludidas apuntan, siguiendo la línea
jurisprudencial antes expuesta, a la prevalencia de la libertad
de expresión frente al derecho al honor, como criterio de
ponderación entre ambos.
No cabe ignorar que, en el desarrollo de la aludida crítica,
el autor de los dos textos vierte unas expresiones referidas al
demandante de carácter ofensivo o denigratorio –“bombero-torero”,
“funcionari gris”, “element”, “calamar”-, pero frente a ello debe
tenerse en cuenta, en primer lugar, que sólo se identifica al
demandante en el primero de los artículos a través de sus iniciales,
lo cual, si bien no impide saber de quién se trata a las personas
conocedoras de la política municipal dada la referencia a sus
cargos, revela una intención de reducir el peso de la crítica
puramente personal frente a la de naturaleza política; y en segundo
lugar, que en todo momento las citadas expresiones y las frases
reprobatorias hacia la actuación del demandante se relacionan con
la repetida opinión política y con la crítica a la gestión del
equipo de gobierno municipal.
De ello se infiere que, aun cuando nos encontramos ante una
crítica sin duda mordaz y acerba, no cabe concluir que el demandado
haya empleado expresiones ultrajantes u ofensivas que puedan ser
calificadas de ajenas o desvinculadas de la crítica expuesta y,
por ende, innecesarias a los efectos de la misma.
En definitiva, en el difícil juicio de ponderación que se
impone realizar en el caso, estimo que el contenido de los
artículos, dado el contexto de crítica política en que se producen,
queda justificado en el ejercicio de la libertad de expresión del
demandado, por lo que procede la desestimación de la demanda.
TERCERO.- La desestimación de las pretensiones del actor
llevaría consigo, conforme al criterio del vencimiento del
artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la condena de
la parte actora al pago de las costas procesales causadas. No
obstante, el mismo precepto contempla como excepción a dicha regla
un pronunciamiento de no imposición cuando el juez aprecie,
razonándolo debidamente, que el caso presentaba serias dudas de
hecho o de derecho. Considero que el supuesto debe ser calificado
de dudoso teniendo en cuenta el tenor de las expresiones empleadas,
por lo que, haciendo propio el criterio expuesto por el Ministerio
Fiscal, no se realiza imposición de las costas procesales causadas.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,
FALLO
1º) Desestimando la demanda interpuesta por D. Àlvar
Aleixandre Ortícontra D. Joan Carles Andrés Raga, absuelvo al
demandado de las pretensiones entabladas contra el mismo.
2º) No se realiza imposición de las costas procesales
causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer
recurso de apelaciónen el plazo de veinte díasdesde su
notificación, presentando ante este Juzgado escrito en el que se
habrá de exponer las alegaciones en que se base la impugnación,
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado
por Ley 37/2011, de 11 de octubre).
El recurso no se admitirá si al prepararlo la parte no acredita
haber consignado en la entidad BANESTO y en la “Cuenta de Depósitos
y Consignaciones” abierta a nombre de este Juzgado, con referencia
al presente procedimiento, la cantidad de CINCUENTA (50) EUROSen
concepto de DEPÓSITO PARA RECURRIR, conforme a la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(introducida por L.O. 1/2009, de 3 de noviembre).
Expídase testimonio de la presente resolución por el Sr.
Secretario, el cual se unirá a los autos de su razón, llevando su
original al libro de sentencias de este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
